PLENO EXTRAORDINARIO 31 DE MAYO 2016

El Alcalde de Colmenar Viejo argumenta que las 16 denuncias por infracción urbanística son algo cuantitativa y cualitativamente irrelevante, mientras que la fiscalía de medio ambiente lo califica de apología de la prevaricación.

A principios de marzo, el juzgado de instrucción número 3 de Colmenar Viejo procesó a doce cargos públicos que han ocupado responsabilidades de gobierno en la última década. La Fiscalía de Medio Ambiente había interpuesto una querella criminal al ver indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística.

El Fiscal rechaza los recursos de los implicados, pide la apertura de juicio oral, acusa a los imputados de “auténtica apología de la prevaricación”, solicitando penas de cárcel, inhabilitación y multas para miembros del actual y anteriores gobiernos municipales.

Esta petición del Fiscal se produce después de que la Juez Instructora de la causa rechazara los recursos de defensa de los acusados porque según ella “existían indicios suficientes de la comisión de un delito”.

Es la propia fiscalía la que se pregunta “¿Por qué los vecinos de Colmenar Viejo cuando piden una licencia están sujetos a semejante poder de su corporación, que puede ser estricta o benevolente según los casos?”

El fiscal en su escrito dice cosas tan graves como que se trata de una apología de la prevaricación, que la corporación sustituye el derecho aplicable por su voluntad subjetiva. Lo que se está cuestionando en el escrito de calificación del Fiscal no es tanto la gravedad objetiva de cada una de las 16 actuaciones denunciadas sino una forma de comportamiento del equipo de gobierno municipal, que podría sintetizarse en decir, “este es mi cortijo y hago lo que me da la real gana”, es difícil encontrar otra explicación.

A nuestro parecer en el área de urbanismo hay problemas estructurales que son responsabilidad de gobierno municipal.

Problemas de personal: desde el año 2008 ha habido cinco arquitectos municipales, incluso períodos sin arquitecto municipal.

Problemas con el PGOU, con restricciones que deben corregirse y no transgredirlas.

Problemas con los técnicos que no se encuentran valorados de forma equitativa, de acuerdo a la relación de puestos de trabajo municipal vigente, el complemento específico de un puesto de trabajo tan importante como el de arquitecto municipal, es muy inferior al de Ingeniero de Caminos municipal, al Técnico de Medio Ambiente, al Médico, al encargado de obras de la brigada, e incluso inferior al de los oficiales ce la brigada de obras.

De acuerdo con el escrito que el Alcalde dirige a la Fiscalía General del Estado, a las 16 denuncias contemplada, debe añadirse la denuncia por otras 29 actuaciones urbanísticas, algunas de las cuales, y por lo que conocemos, son tanto o más graves que las 16 mencionadas.

Es destacable que entre las denunciadas no se encuentre la que, a nuestro juicio, es una de las más graves, la urbanización del sector Alto Eugenio, en la salida hacía la Ermita de los Remedios. En la que se aprecia como la urbanización del sector no está acabada por la inoperancia y el desprecio de la ley del gobierno municipal. Que permitió empezar las obras, no habiéndose garantizado la preceptiva fianza que marca la ley, de 3.523.287,20€ y cuya ejecución hubiera sido suficiente para haber subsanado los actuales problemas que sufrimos los vecinos.

Esta suma de irregularidades ha puesto de manifiesto una forma de hacer gobierno, en la que priman los intereses particulares, en la que se beneficia a unos y se perjudica a otros, en la que no se garantiza la igualdad ante la ley sino las prebendas y el amiguismo.