Estamos viendo estos días con estupor como varios dirigentes públicos de nuestro país: el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Industria Reyes Maroto, el candidato a la presidencia de la asamblea de Madrid Pablo Iglesias y la directora general de la Guardia Civil María Gámez, están recibiendo amenazas de muerte para ellos y para sus familiares.
Entre abril y diciembre de 1939, 108 republicanos, en su mayoría jornaleros colmenareños, fueron fusilados frente a la tapia del cementerio. Sus cuerpos fueron arrojados a dos fosas comunes situadas en el cementerio parroquial de nuestro municipio. El primero en caer fusilado, sentenciado por el consejo militar de guerra muy poco tiempo después de su arresto, fue el que entonces era el alcalde socialista del pueblo, Isidoro Marivela Paredes.
El pasado 8 de abril el ayuntamiento de Colmenar Viejo publicó una nota de prensa anunciando el acuerdo con la Comunidad de Madrid para el pago de la sentencia de “El Tagarral”. como viene siendo habitual en cada intervención, el alcalde no dejó pasar la oportunidad para sembrar falsedades sobre el origen de la deuda.
El 22 de marzo, se cumplió un año desde que el servicio de urgencias de Colmenar Viejo se cerró para trasladar a su personal a los pabellones de IFEMA, entonces habilitados para atender a pacientes COVID19. IFEMA se cerró, el personal nunca regresó. Colmenar Viejo con mas de 50.000 habitantes, continua sin servicio de urgencia.